El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando R. Villalobos, ha mantenido un encuentro con los rectores de las dos universidades sevillanas para sumar acciones ante las repercusiones en las economías familiares de los universitarios.
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha mantenido hoy un
encuentro con los rectores de las dos universidades sevillanas, Antonio Ramírez Arellano, de la
Hispalense, y Vicente Guzmán Fluja, de la Pablo de Olavide, que tenía un objetivo muy concreto:
sumar acciones de las tres instituciones, ante las repercusiones que el Decreto que el Ministerio de
Educación tiene pendiente de aprobación, con la nueva regulación de becas, va a traer a las
economías familiares de los universitarios de la provincia.
Fernando Rodríguez Villalobos ha
confesado que le parece increíble estar, en 2013, “suplicándole al Gobierno de mi país que
reconsidere una situación que impide que mis nietos vayan a tener las mismas posibilidades de acceso
a una educación pública y universal que he tenido yo. Que haya chavales que sirvan para estudiar y
no puedan porque sus rentas familiares no les permiten desplazarse o mantenerse en la capital, es
sencillamente para que se nos caiga la cara de vergüenza”.
Por su parte, los dos rectores han
coincidido en que el Gobierno, al haber accedido a considerar el 5 como nota necesaria para mantener
la beca de matriculación, pero mantener en el Decreto el 6,5 como nota de corte para las becas de
residencia, manutención, transporte y beca-salario, “lo único que persigue es el ahorro, una visión
a muy corto plazo, que no repara en el coste que supone para una universidad perder lo más
importante: su capital humano, sus estudiantes”. El rector de la Universidad de Sevilla, Antonio
Ramírez de Arellano, ha ofrecido datos significativos de la situación de los becarios sevillanos.
Según ha comentado, 5.760 estudiantes han recibido este curso ayudas para residencia o para
transporte y de ellos, el 30% de los becarios perdería estas ayudas con el futuro Decreto de becas.
De estos 5.560, 1.301 reciben ayudas de residencia y el resto de transporte, con una cuantía global
de 5,3 millones de euros. Ante esta situación, el rector de la US resalta: “es importante sumar
esfuerzos con otras administraciones y entidades, por eso hay que agradecer esta iniciativa de la
Diputación, que es un ejemplo de acción ante un problema de esta repercusión, hay que intentar
paliar los efectos negativos de este nuevo Decreto de becas”.
Por su parte, el rector de la UPO,
Vicente Guzmán Fluja, ha explicado que, en la Universidad Pablo de Olavide, uno de cada cuatro
estudiantes es becario, lo que supone que haya unos 3.000 estudiantes afectados por el recorte en
las ayudas universitarias. Además, ha subrayado que aproximadamente un 40 por ciento de los becarios
de la UPO son de la provincia de Sevilla, “por lo que dependen de un alquiler de vivienda o del
transporte” y ha estimado que la pérdida de ingresos vía becas afecta a la economía de la provincia
“en unos dos millones de euros”.
El rector de la UPO ha agradecido que “la Diputación haya tenido la
visión, a través de su presidente, de intentar paliar los efectos nocivos del decreto de becas en la
provincia de Sevilla”, que “nos permitirá abordar situaciones sobrevenidas como la de estudiantes
que no pueden afrontar el pago del segundo plazo de matrícula por haberse quedado sus padres en
paro”.
Fernando Rodríguez Villalobos ha anunciado que, en la actualidad, mantiene conversaciones con
un grupo de alcaldes de la provincia, “que son los que le ponen cara todos los días a los
estudiantes con problemas”, para que “cada municipio sevillano aporte una pequeña cantidad, 5 ó 6
mil euros, porque los ayuntamientos tienen muy precarizada sus haciendas, que se sumaría a este
fondo compensatorio para los estudiantes que dejen de recibir sus becas y que gestionarán las
universidades”. Además, tanto el presidente de la Diputación como los rectores han anunciado su
intención de contactar con otras instancias que pueden sumar a esta estrategia, como Renfe y el
Consorcio de Transporte, para aunar esfuerzos en materia de trasporte y facilitar el desplazamiento
a los alumnos de la provincia que no puedan residir en la ciudad.